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Introducción

En las últimas décadas, ha surgido un fenómeno de creciente relevancia a nivel mundial: el “Lawfare” (Guerra Jurídica). Este término encapsula una estrategia donde los tribunales y el sistema judicial se utilizan estratégicamente para perseguir y deslegitimar a los actores políticos, planteando desafíos a la independencia judicial y al principio fundamental de presunción de inocencia. América Latina, y específicamente el Perú, no han sido ajenos a esta problemática. El lawfare implica la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de persecución política, empleando tácticas como acusación penal, investigaciones prolongadas, filtraciones mediáticas y campañas de desprestigio. Este artículo explora la manifestación de este fenómeno en el Perú, destacando casos emblemáticos como el del expresidente José Pedro Castillo Terrones, quien enfrentó ataques persistentes desde diversos sectores.

Además de abordar casos específicos, analizamos las consecuencias del Lawfare para el sistema judicial peruano y su impacto en las esferas legales, institucionales y sociales. Nos sumergimos en la compleja intersección entre el discurso mediático y la judicialización de la política, examinando cómo las filtraciones y campañas de desprestigio contribuyen a un clima de desconfianza pública. En este contexto, surge la necesidad de plantear preguntas cruciales: ¿Cuáles son las implicancias de la judicialización de la política en la presunción de inocencia en el contexto del lawfare en el Perú durante el periodo 2022? ¿Cómo afecta este fenómeno a la separación de poderes, la imparcialidad judicial y la protección de los derechos fundamentales? ¿Cuál es el papel del discurso mediático en la percepción pública y la presunción de inocencia?

Este trabajo, fundamentado teóricamente en el análisis del lawfare, busca contribuir a la comprensión de sus fundamentos conceptuales, evaluando sus implicancias en la presunción de inocencia en el contexto peruano. A través de un enfoque cualitativo y la utilización de la teoría fundamentada, se exploran las dimensiones sociales, jurídicas y metodológicas, identificando así posibles violaciones de derechos y principios fundamentales. Con estos elementos, el estudio busca proponer soluciones y reformas legales que fortalezcan la integridad del sistema judicial y del Estado de derecho.

En cuanto al enfoque conceptual del “Lawfare” y la Judicialización de la Política, es relevante señalar que este fenómeno, aunque no está exhaustivamente documentado en nuestra literatura jurídica, ha sido objeto de profundos debates académicos en numerosos países. Su impacto en la vulneración de los derechos de destacados líderes políticos y de sus seguidores ha sido destacado, incluso por instancias como el Observatorio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Metodología

El presente estudio se adoptó, un enfoque cualitativo para explorar a fondo el fenómeno del lawfare en el Perú, centrándose específicamente en su relación con el principio de presunción de inocencia y otros derechos fundamentales. Siguiendo la metodología cualitativa propuesta por Hernández y Mendoza (2020), se llevó a cabo una exploración para comprender, describir e interpretar el fenómeno mediante las percepciones y significados generados por los participantes en su entorno natural. Se utilizó la Teoría Fundamentada como diseño de investigación, permitiendo identificar teorías y conceptos a partir de la información recopilada durante la investigación, sin depender de suposiciones previas. En términos del tipo de investigación, se optó por una investigación básica, priorizando la identificación de nuevas leyes o principios que puedan contribuir a una teoría científica. El diseño de investigación se centra en la Teoría Fundamentada, ofreciendo flexibilidad y un enfoque necesario para desarrollar teorías a partir de las experiencias y perspectivas de los profesionales en Ciencias Jurídicas.

Concepto del Lawfare

En relación al enfoque conceptual del “Lawfare” y la Judicialización de la Política, es relevante señalar que, a pesar de no contar con una extensa presencia en nuestra literatura jurídica, ha sido objeto de debates académicos en numerosos países. Es destacable que el Observatorio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) lo ha mencionado, reconociendo su impacto al vulnerar los derechos de destacados líderes políticos y de sus seguidores. El término “lawfare” tiene raíces anglosajonas, fusionando “law” (ley) y “warfare” (guerra). Esta expresión, acuñada recientemente, describe una táctica de guerra que implica el uso ilegítimo de la ley a nivel nacional e internacional, con el objetivo de debilitar o destruir políticamente al oponente. Inicialmente conceptualizado por Charles Dunlap en 2001, el “lawfare” se percibió como una herramienta para alcanzar objetivos militares tradicionales mediante la utilización estratégica de la ley como arma.

En esencia, el “lawfare” representa una estrategia no convencional que utiliza la ley como una herramienta para socavar a los oponentes y lograr objetivos militares específicos, según la perspectiva estratégica de Dunlap (2017). Este enfoque se encuentra estrechamente vinculado a la conceptualización militar, revelando cómo la ley puede convertirse en un instrumento estratégico en conflictos políticos y militares contemporáneos.

Vollenweider y Romano (2017) explican que el lawfare implica el uso indebido de herramientas legales con la intención de perseguir motivaciones políticas, difamar la imagen pública y deshabilitar a un oponente político. Este fenómeno amalgama acciones que pretenden ser legales con una amplia cobertura mediática, buscando ejercer presión tanto sobre el individuo en cuestión como sobre su entorno, incluyendo su círculo político y familiares cercanos, exponiéndolos a acusaciones que aún no han sido probadas. A través de la influencia del conglomerado mediático, se moldea la opinión pública.

Uno de los principales objetivos de la guerra híbrida es debilitar y desacreditar al oponente, erosionando su prestigio tanto a nivel nacional como internacional, aspecto inherente al concepto de lawfare. La desmoralización del adversario, ya sea en el ámbito político, militar, económico o social, se logra a través de campañas mediáticas que dañan la imagen del líder político sujeto a la estrategia judicial. La utilización de la ley y los tribunales confiere legitimidad a estas operaciones, otorgándoles un carácter de seriedad y competencia, presentándolas como entidades separadas de la contienda política (Tirado, 2021, p. 101).

Oliván (2022) argumenta que el lawfare es un fenómeno que surge intrínsecamente de la naturaleza del sistema judicial y la separación de poderes. El poder judicial se origina en el Antiguo Régimen y constituye una parte integral del Absolutismo monárquico. En consecuencia, resulta apropiado analizar la ideología del sistema judicial en términos de su estructura ideológica inherente, en lugar de centrarse en las ideologías individuales de los jueces. La clave reside en la interpretación jurídica, la cual imprime al sistema de justicia una forma de comprender la realidad que no se circunscribe únicamente al ámbito político, mostrando una inclinación que no puede ser pasada por alto, dado su carácter innegablemente ideológico.

El fenómeno del lawfare no se limita únicamente a la persecución de partidos políticos y grupos vinculados al progresismo; su alcance se extiende incluso a la represión de las protestas sociales, exacerbando la estigmatización de la participación activa y la actividad política. Todo esto se lleva a cabo con el propósito de preservar o fortalecer el neoliberalismo, fomentar la tecnificación en el ámbito político, despojar al Estado de su dimensión política y consolidar sus mecanismos de represión (CELAG, 2022). Aunque el fenómeno del lawfare no se restringe exclusivamente a líderes opositores de inclinación progresista, es en este contexto donde se observa con mayor frecuencia. La constante en estos casos es el supuesto combate contra la corrupción, que carece de sólidas bases legales, y se vale de un discurso de odio y estigmatización.

Tácticas comunes del Lawfare

Respecto a las Tácticas y Estrategias del Lawfare, según Romano (2022), tanto el gobierno como el sector privado estadounidense emplean estrategias de presión política y diplomática, desestabilización económica, desprestigio y desmoralización pública. Utilizan procesos judiciales para simular cumplimientos normativos y la protección del Estado de derecho y la democracia. Los medios de comunicación desempeñan un papel relevante, ya sea de manera intencional o no, en la desmoralización, criminalización e incluso eliminación de opositores políticos. Además, genera preocupación el papel de las embajadas estadounidenses, que llevan a cabo acciones encubiertas que violan la legislación vigente y tienen un impacto significativo en la política local.

Casado y Sánchez (2020) destacan que tanto el Estado como los propietarios de los medios de comunicación predominantes tienen la capacidad de construir discursos que influyen en la opinión pública y establecen los límites entre lo legal e ilegal. Son ellos quienes determinan quiénes son considerados los “buenos” y los “malos” en esta narrativa, lo que implica la facultad de moldear la opinión pública y afectar la percepción de la sociedad sobre ciertos actores y eventos.

Si bien los medios de comunicación tienen el derecho a la libertad de expresión para informar sobre eventos noticiosos, las personas también cuentan con derechos relacionados con su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia y reputación. Estos derechos están respaldados por instrumentos internacionales de derechos humanos, como tratados y declaraciones reconocidas a nivel global (Bravo-Zamora, 2022). Resulta crucial que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconozca que, aunque los tribunales y los procesos judiciales deben ser transparentes y divulgar información, en ciertos casos se puede justificar restringir la información cuando existe un riesgo significativo para la imparcialidad o la presunción de inocencia.

En un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Vollenweider y Romano (2017) identifican tres dinámicas y el actor clave que se coadyuvan en la construcción del fenómeno en estudio. La primera dinámica, denominada “timing político”, implica que los casos judiciales, utilizados como herramientas estratégicas, se divulgan en momentos estratégicos y de alto costo político para las personas o grupos objeto de desprestigio. El propósito de esto es desacreditarlos y debilitarlos en el ámbito político.

La segunda dinámica se relaciona con la reorganización del sistema judicial, donde las élites en el poder colocando a individuos afines en posiciones clave dentro del sistema judicial. Estos “especialistas” incluyen abogados, jueces y fiscales vinculados al poder vigente, utilizados para atacar al adversario político y evitar situaciones adversas. La tercera dinámica se refiere al uso de un doble rasero en la aplicación de la ley. A pesar de la existencia de varios casos de corrupción, se seleccionan estratégicamente aquellos que se ajustan a los intereses del poder, mientras que otros son ignorados o minimizados, creando una percepción de parcialidad y selectividad en el ejercicio de la justicia.

Un actor central en este contexto es el rol desempeñado por los medios de comunicación hegemónicos. Estos medios actúan como una forma de “periodismo de guerra”, influyendo de manera general en las dinámicas mencionadas anteriormente. Su participación se da a través de la manipulación de la opinión pública al resaltar ciertos casos y ocultar otros, contribuyendo al mismo tiempo a la construcción de un consenso en torno a ciertas narrativas y actores políticos.

En relación con los casos emblemáticos, Wagner (2020) admite que en América Latina, el lawfare se manifiesta a través de la construcción y validación de casos bajo el pretexto de combatir la corrupción. Ejemplos notables incluyen a líderes políticos como Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Rafael Correa, quienes han sido objeto de procesos judiciales cuestionados por su presunta instrumentalización con multas políticas, utilizando el discurso anticorrupción como justificación.

Romero (2022) destaca casos en Latinoamérica considerados éxitos del “Lawfare”. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue acusada en 2015 de estar implicada en el asesinato del juez Alberto Nisman, una acusación promovida por los medios y desestabilizadora políticamente. Sin embargo, meses después, la Cámara Federal de Casación descartó los señalamientos, calculando en la “inexistencia del delito”.

Otro caso ilustrativo ocurrió en Brasil con la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff en 2017 debido a una acusación de corrupción, que posteriormente se reveló que fueron planificadas por el sistema judicial y el parlamento para apartar al Partido de los Trabajadores (PT) del poder. Además, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado para evitar su participación en elecciones presidenciales, fortaleciendo el discurso de la oposición. Después de pasar 580 días en prisión, Lula da Silva fue liberado.

En el caso boliviano de 2019, se utilizó un discurso de fraude por parte de la derecha y la OEA tras la evidente victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales, generando polarización y culminando con el exilio de Morales. Sin embargo, al igual que en casos anteriores, se concluye que todo fue una conspiración.

Un Lawfare al estilo peruano

Respecto al “Lawfare” en el Perú, Ortiz y Llerena (2022) señalan que el plan golpista, organizado por grupos de poder económico con apoyo estadounidense, se evidencia con allanamientos y detenciones de personas relacionadas con el presidente Castillo en agosto de 2022. Sin embargo, estas acciones se basaron en conjeturas y no en pruebas concretas. Los autores insisten en que se observe un tipo de lawfare (electoral, racista y colonial) inicialmente por el intento de anular una parte de los votos a favor de Pedro Castillo después de la segunda vuelta electoral, provenientes de territorios habitados por pueblos originarios y zonas. rurales, construyendo una acusación de “fraude en mesa” desde los bufetes de abogados de Lima.

El “lawfare” en el caso de Pedro Castillo ha seguido un guion recurrente tanto en el ámbito mediático como en la moción de censura que enfrentó. En ambas situaciones, se buscaba vincular al objetivo político con actos de corrupción mediante una narrativa repetida por los principales medios de comunicación. Destaca el papel del sistema judicial, liderado por la fiscal general Patricia Benavidez, quien afirmaba contar con más de 190 elementos probatorios para respaldar una acusación contra Castillo, supuestamente liderando una red corrupta que otorgaba licitaciones fraudulentas desde su gobierno. Sin embargo, es importante señalar que se estaba construyendo una culpabilidad sin haber demostrado aún la comisión del delito por parte de los acusados (Santos, 2022).

A pesar de haber sido desplazadas del gobierno tras la victoria electoral de Pedro Castillo, las élites económicas en Perú buscaban mantener su poder y privilegios. Ante la convergencia de crisis en el país, adoptaron una estrategia golpista, utilizando diversas tácticas en su intento de destituir al gobierno de Castillo. Las acusaciones de fraude electoral y terrorismo, así como las alegaciones de “traición a la patria”, no tuvieron éxito. Se evidencia el uso de tácticas de lawfare en el marco de un proceso de golpe de Estado gradual y sostenido, donde el Congreso intentó en tres ocasiones iniciar el proceso de destitución presidencial y finalmente logró remover al presidente Castillo (Ortiz y Llerena, 2022; Santos, 2022).

El procedimiento utilizado por el Congreso para la destitución de Castillo fue altamente irregular. La aplicación de una vacancia moral no correspondía al procedimiento adecuado y estuvo marcada por el racismo, utilizándose para la criminalización de los indígenas. Este acto refleja la discriminación y va acompañado de intentos de incapacitar a un maestro que representa a la comunidad indígena. A pesar de que se requerían 104 votos, el Congreso de Perú solo contaba con 101, por lo que no se cumplió con el número necesario de votos. Además, se le negó el derecho a exponer en el Congreso (Croxatto, 2023).

Retos para la preservación del Principio de Presunción de Inocencia

La presunción de inocencia constituye un pilar fundamental en el marco del Estado de derecho. Este derecho establece que una persona debe ser considerada como inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías, y en el cual haya sido declarada culpable mediante una sentencia firme (Conceptos Jurídicos, sf).

En relación con el concepto de Presunción de Inocencia, nuestra carta magna la menciona en el artículo 2°, inciso 24, párrafo e), dejando claro que “toda persona es considerada inocente hasta que se haya declarado su responsabilidad de manera judicial”. Al incorporarse la presunción de inocencia en la constitución, se le otorga un estatus legal sólido y se reconoce como un principio fundamental que debe ser respetado y aplicado en el sistema judicial. Esto implica que los tribunales y las autoridades deben operar bajo este principio, evitando asumir la culpabilidad de una persona simplemente por ser acusada de un delito.

García (2019) concluye que la presunción de inocencia abarca el trato de las autoridades hacia una persona acusada de un delito, considerándola como inocente. También incluye las respuestas sociales y las acciones de los medios de comunicación, que tienen un gran impacto en la opinión pública y en la sociedad en general.

En la normativa internacional de derechos humanos, la presunción de inocencia está reconocida. El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado”. todas las garantías necesarias para su defensa”. Este derecho fundamental busca asegurar que ninguna persona sea condenada sin pruebas suficientes y sin la oportunidad de presentar su defensa adecuadamente.

Asimismo, el artículo 14, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de acuerdo con la ley”. Este principio es esencial en cualquier sistema legal justo, ya que garantiza que ninguna persona sea tratada como culpable antes de que se haya demostrado su responsabilidad mediante un proceso legal adecuado. Al reconocer este derecho, se salvaguarda la dignidad y los derechos fundamentales de las personas acusadas, evitando condenas injustas o basadas en meras sospechas.

En cuanto al desarrollo del enfoque teórico, Cáceres (2022) señala que, en el contexto del lawfare, el principio de presunción de inocencia es vulnerable ya menudo se ve socavado desde el inicio del proceso mediante la imposición de medidas preventivas, como la detención preventiva. sin sentencia previa. Esta acción puede afectar gravemente los derechos de las personas acusadas, colocándolas en una posición desventajosa y limitando su capacidad para defenderse adecuadamente. Esta vulneración inicial de la presunción de inocencia constituye una de las características preocupantes del fenómeno del lawfare, ya que compromete la equidad y la imparcialidad en los procesos judiciales.

Una de las principales causas detrás de los casos de lawfare en la región se debe a la intervención de Estados Unidos en los sistemas judiciales de América Latina, dirigida principalmente contra líderes de izquierda (y en menor medida, de derecha). Este proceso se lleva a cabo mediante programas de cooperación a largo plazo, intercambio de información y la organización de cursos específicos para jueces y fiscales en la región. Estas colaboraciones han introducido prácticas como la delación premiada (Colaboración eficaz), la cual ha sido utilizada para diseñar estrategias al persuadir a individuos a declarar en contra de otros a cambio de reducción de penas. Esto convierte a los colaboradores en fuentes de acusación que socavan el principio de presunción de inocencia a cambio de beneficios legales (Cáceres, 2022).

Ramírez y Frías (2019) sugieren que la colaboración eficaz, también conocida como delación premiada o acuerdo de cooperación, debería mantenerse confidencial al menos hasta que se presente la denuncia. De lo contrario, puede generar un ambiente de intriga y sensacionalismo en relación con la persona o autoridad que será delatada, impulsando el interés del público y los medios de comunicación. Estos, a su vez, influirán en la agenda de los organismos penales, dando forma a lo que se conoce como el “setting” o configuración de la agenda.

Por otro lado, Ramírez (2020) afirma que, en el procedimiento de colaboración eficaz, se observa una violación al derecho fundamental de presunción de inocencia, ya que los colaboradores suelen ser personas que han estado involucradas en actos de corrupción, generando dudas sobre su credibilidad e imparcialidad. Además, en la práctica, los fiscales a veces abusan de esta figura, utilizando el procedimiento de manera indiscriminada y excediendo los plazos procesales establecidos, lo que resulta en una vulneración de derechos fundamentales. De esta manera, se evidencia que el uso inadecuado del procedimiento de colaboración eficaz puede socavar el principio de presunción de inocencia y comprometer la integridad del proceso judicial.

Cáceres (2022) sostiene que el principio constitucional de la presunción de inocencia, fundamental en el ámbito del derecho penal, está comprometido en el contexto del lawfare. Esto ocurre porque representa un paso inicial en el proceso de persecución, donde se toman medidas preventivas contra la persona acusada antes de que se haya demostrado su culpabilidad. En otras palabras, el lawfare compromete el derecho de la persona a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, al tomar acciones como la imposición de medidas cautelares antes de que se haya realizado un juicio justo y se haya comprobado la culpabilidad. Esto implica una vulneración del derecho fundamental de presunción de inocencia y puede tener un impacto negativo en el proceso legal y en los derechos de la persona acusada.

Ramírez y Frías (2019) sostienen que la aplicación de la colaboración eficaz en un contexto de lawfare ha involucrado el encuadramiento, sobre todo, de asociaciones, partidos o coaliciones políticas en el concepto de organización criminal, avalando o al menos permitiendo el uso político de sus conceptos e instrumentos jurídicos. Esto demuestra que la aplicación de la colaboración eficaz en el contexto del lawfare ha llevado a considerar a entidades políticas como organizaciones criminales, lo que facilita su persecución y debilitamiento desde una perspectiva legal con motivaciones políticas.

En consecuencia, la delación premiada colaboración eficaz puede potencialmente ser utilizada como un instrumento de lawfare político. Existe la posibilidad de que se manipule el sistema para obtener testimonios o información falsa o exagerada con el objetivo de perjudicar a una persona o grupo político. Esto podría conducir a acusaciones infundadas o a la distorsión de los hechos para dañar la reputación o debilitar a un adversario político.

Conclusiones

Durante el periodo 2022, la judicialización de la política en el contexto del “Lawfare” en el Perú ha tenido un impacto profundo en el Principio de Presunción de Inocencia. Esta tendencia ha puesto en peligro la independencia del sistema judicial, ha erosionado la confianza pública en su imparcialidad y ha comprometido la protección efectiva de los derechos fundamentales de los acusados. Esto subraya la urgente necesidad de abordar este fenómeno para preservar la integridad del sistema de justicia.

Las consecuencias del “Lawfare” para el sistema judicial peruano son significativas y plantean desafíos sustanciales al desafiar la independencia judicial. Al crear presiones para que jueces y fiscales se alineen con agendas políticas o intereses particulares, este fenómeno ha minado la confianza del público en la integridad y la imparcialidad de las instituciones judiciales. El “Lawfare” ha contribuido a la polarización y fragmentación de la sociedad peruana al fomentar divisiones políticas y sociales, dificultando el diálogo y la construcción de consensos.

El impacto del “Lawfare” en las esferas legales, institucionales y sociales es profundo y multifacético, teniendo graves implicancias en la separación de poderes, la imparcialidad judicial y la protección de los derechos fundamentales. Este fenómeno amenaza la separación de poderes al permitir que el poder político influya indebidamente en el sistema judicial, socavando la imparcialidad al crear percepciones de sesgo político en jueces y fiscales. La persecución política a través de procesos judiciales puede dar lugar a la violación de derechos como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a un debido proceso.

El discurso mediático sobre la judicialización de la política tiende a ser selectivo ya menudo está influenciado por intereses políticos y económicos. La exposición mediática excesiva y sensacionalista puede influir en la opinión pública y llevar a la formación de juicios prematuros, poniendo en peligro el derecho fundamental de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es crucial reconocer y abordar estas influencias para garantizar una percepción pública más justa y equitativa de los procesos judiciales

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

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Robin Dalton Gonzales Ticona:Conceptualizaciones, Investigación, Análisis Formal, Redacción-Borrador original, Redacción-Revisión y edición.